El gobierno de Javier Milei atraviesa una crisis de credibilidad importante debido a múltiples escándalos recientes que involucran a su entorno más cercano, principalmente a su hermana y secretaria general, Karina Milei. Las denuncias de posibles redes de sobornos y corrupción vinculadas a la compra de medicamentos estatales suman presión sobre la administración en un contexto de deterioro electoral y creciente rechazo social.
En las últimas semanas, la gestión de Javier Milei se ha visto fuertemente salpicada por una serie de escándalos de corrupción que impactan en la imagen del presidente y su gobierno. El caso más resonante es la filtración de audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, amigo cercano de Milei, que denunció la existencia de un sistema de sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Spagnuolo afirmó que los laboratorios debían pagar coimas del 8% para garantizar contratos y que un porcentaje significativo de ese dinero iba a parar directamente a Karina Milei y a un asesor cercano, Eduardo Lule Menem. Estas acusaciones están actualmente en investigación judicial y han motivado allanamientos y la apertura de sumarios que incluyen a otros funcionarios del círculo presidencial.
Karina Milei, apodada «El Jefe» por su hermano el presidente, es una figura clave en este entramado que también involucra al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, según las denuncias. La gravedad del caso provocó que el Congreso iniciara debates para interpelarla, al tiempo que el oficialismo sufre un fuerte desgaste político interno y externo.
Paralelamente, Javier Milei enfrenta críticas por la promoción fallida de la criptomoneda $Libra, impulsada por él mismo a través de sus redes sociales, que fue objeto de múltiples denuncias penales, incluso en el extranjero, por estafa y fraude. Este episodio contribuyó al descenso de su imagen pública y alimentó la percepción de un gobierno con problemas de transparencia.
En respuesta, el propio Milei ha rechazado en varias ocasiones las acusaciones, calificándolas de falsas y políticas. Sin embargo, el impacto en la opinión pública se refleja en encuestas que muestran un récord de desaprobación superior al 53%, con un fuerte deterioro del apoyo incluso dentro de su base electoral.
Estos escándalos afectan la gobernabilidad del mandatario justo antes de las cruciales elecciones legislativas de octubre, donde su partido, La Libertad Avanza, ha sufrido derrotas electorales significativas, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y ha reducido su ventaja frente al peronismo.
La acumulación de estos episodios deja en un estado de vulnerabilidad política al gobierno de Milei, que debe ahora buscar cómo recuperar la confianza y la estabilidad institucional en medio de un panorama judicial complicado y una oposición cada vez más dura.