Vecinos de Huerta Grande volvieron a manifestar su preocupación por la ocupación ilegal del inmueble donde funcionaba el ex geriátrico María Concepción, ubicado sobre calle Argentina, entre Mendoza y Nuestra Señora del Carmen.
Según denuncian, el edificio permanece usurpado desde hace varios años y, en ese tiempo, se habrían registrado episodios de violencia, robos y consumo de estupefacientes, lo que genera temor entre las familias que residen en el sector.
El lugar, que permanece cerrado y sin actividad formal desde el cese de sus funciones como residencia geriátrica, presenta signos visibles de deterioro. De acuerdo con testimonios de los vecinos, el predio habría sido ocupado progresivamente por distintas personas, algunas de las cuales permanecen allí de forma permanente y otras que entrarían y saldrían con frecuencia.
“Hace más de dos años que vemos movimientos constantes. A cualquier hora entran y salen personas, y por las noches se escuchan discusiones y ruidos fuertes. La situación nos preocupa porque antes era un barrio tranquilo”, señaló un residente que vive a pocos metros del edificio y pidió resguardar su identidad por temor a represalias.
Otros frentistas sostienen que el inmueble habría sido escenario de distintos hechos delictivos y que la presencia policial ha sido recurrente. “La Policía ha venido varias veces por llamados de los vecinos. También la Guardia Local se acercó en distintas ocasiones. El problema es que todo sigue igual, y sentimos que no hay una solución definitiva”, comentó una comerciante de la zona.
Además de la inseguridad, los habitantes del sector expresan inquietud por el estado edilicio del inmueble y el uso que se le estaría dando. Algunos aseguran que el lugar habría sido subdividido de manera informal para ser ocupado por distintas personas.
“Se trata de una propiedad grande, abandonada y sin control. Eso facilita que se convierta en un foco de conflictos. Nos preocupa tanto la seguridad como las condiciones sanitarias”, explicó otro vecino.
Frente a esta situación, los residentes comenzaron a organizarse de manera colectiva para visibilizar el problema y solicitar respuestas. En los últimos meses, realizaron presentaciones formales y reclamos ante distintas dependencias municipales y fuerzas de seguridad, con el objetivo de que se tomen medidas que permitan recuperar el inmueble o garantizar condiciones de seguridad en el sector.
“Lo que pedimos es que las autoridades intervengan y den una solución. No queremos confrontaciones, pero sí vivir tranquilos y que el lugar deje de representar un riesgo para el barrio”, expresó una vecina que participó hoy del reclamo comunitario.
Por su parte, fuentes locales indicaron que las actuaciones vinculadas al inmueble habrían sido notificadas a las autoridades correspondientes, y que cualquier medida definitiva dependerá de resoluciones judiciales y administrativas vinculadas a la propiedad.
Mientras tanto, el reclamo vecinal continúa y los residentes esperan que la situación pueda resolverse mediante la intervención de la Justicia y la coordinación entre el municipio, las fuerzas de seguridad y los organismos competentes, con el objetivo de restablecer la tranquilidad en la zona.
