La Falda enfrenta un debate creciente sobre la necesidad de modernizar la regulación del transporte urbano ante la llegada de plataformas digitales como Uber. El bloque opositor presentó un proyecto de ordenanza que busca equilibrar la modernización del servicio con la protección de los trabajadores tradicionales, como taxistas y remiseros.
El proyecto de ordenanza se inspira en legislaciones vigentes en Córdoba Capital y Villa Carlos Paz. Inicialmente se consideró la creación de una plataforma municipal propia, pero se descartó debido a los altos costos operativos. Actualmente, existe un único proyecto en tratamiento, ya que la propuesta anterior del oficialismo, presentada en noviembre, perdió estado parlamentario. Los concejales destacan que la sanción final dependerá de la «decisión política» del Intendente, y consideran que avanzar en comisiones carece de sentido si el Ejecutivo no tiene intención de aplicarla.
Entre los ejes principales de la regulación, se incluyen:
- Habilitación municipal obligatoria: Ningún vehículo de plataforma podría operar sin registro y autorización previa.
- Antigüedad del parque automotor: Se propone mantener el límite de 10 años para asegurar igualdad de condiciones con taxis y remises, revisando todas las ordenanzas de transporte para actualizarlas.
- Restricciones operativas: Los conductores de Uber no podrían levantar pasajeros en la vía pública sin reserva previa a través de la app, reservando esta práctica exclusivamente a taxis y remises.
La oposición advierte sobre un vacío legal que genera competencia desigual: mientras los remiseros son fiscalizados rigurosamente, los vehículos de plataformas digitales operan sin control municipal. Para mitigar conflictos, se busca abrir el diálogo con taxistas y remiseros para que puedan integrarse a estas plataformas, incluyendo posibles beneficios o quitas de impuestos que faciliten la transición.
Se recordó, además, un antecedente histórico en La Falda: hace 30 años, un proteccionismo excesivo hacia un sector del transporte no resultó beneficioso para la ciudad. Por ello, los concejales opositores abogan por una regulación que combine modernización tecnológica con equidad y transparencia.
Actualmente, el tema se encuentra “frizado”: aunque el proyecto fue presentado para generar debate, el oficialismo asegura que el expediente está bajo análisis del Departamento Ejecutivo, dejando pendiente la decisión final sobre su implementación.
