Luego de las subas registradas en el precio de los combustibles durante el último mes, la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito de la Provincia actualizó este lunes el valor de la Unidad Fija de Multa (UF), que pasó a tener un valor de 1.696 pesos cada una. Esta actualización impacta de manera directa en el monto de las infracciones aplicadas por la Policía Caminera, que volvieron a incrementarse en toda la provincia.
Con el nuevo valor de la UF, las multas de tránsito quedaron establecidas en un rango que va desde los 33.920 pesos para las infracciones más leves hasta 3.392.000 pesos en los casos más graves, de acuerdo a la falta cometida y a la cantidad de unidades aplicadas en cada situación.
Las infracciones leves, como conducir fumando, serán sancionadas con multas que van de 20 a 100 UF, lo que equivale a montos de 33.920 a 169.600 pesos, y contemplan además una pérdida de 0 a 2 puntos en el carnet de conducir.
En el caso de las infracciones graves, como circular sin las luces obligatorias encendidas, las sanciones oscilan entre 100 y 200 UF, es decir entre 169.600 y 339.200 pesos, con una quita de 2 a 5 puntos del sistema de scoring.
Las faltas muy graves, entre las que se incluyen cruzar semáforos en rojo, conducir a contramano o exceder los límites de velocidad permitidos, serán penalizadas con 200 a 400 UF, lo que representa multas de 339.200 a 678.400 pesos, además de la pérdida de 5 a 20 puntos en la licencia de conducir.
Finalmente, las infracciones máximas, como la destrucción o eliminación de infraestructura vial, la adulteración de documentación o licencias, y los casos de alcoholemia en niveles más elevados, podrán ser sancionadas con multas de 1.200 a 2.000 UF, alcanzando montos de 2.035.200 a 3.392.000 pesos.
La actualización de los valores generó malestar y críticas entre vecinos y automovilistas, quienes manifestaron su descontento en redes sociales y grupos comunitarios. Muchos consideran que los montos resultan excesivos y difíciles de afrontar en el actual contexto económico, y cuestionan lo que perciben como un abuso recaudatorio, reclamando mayor criterio preventivo, campañas de concientización y controles equilibrados antes que sanciones de alto impacto económico.
