Mientras pasan los días y crece la indignación vecinal, en una vivienda de la localidad de Casa Grande dos perros permanecen encadenados, solos, abandonados, sin agua ni alimento visible, y sin que nadie —ni el municipio, ni la policía— haga nada al respecto.
El caso fue denunciado por vecinos y proteccionistas hace ya varios días. Primero vieron a una perra atada en la entrada del terreno. Luego, con el correr de las horas y al no ver movimientos, descubrieron que hay otro perro más, también atado, al fondo de la propiedad. Los dueños no están. Tampoco quien debería estar a cargo del cuidado de los animales.
El terreno está cerrado, y los vecinos no se animan a ingresar por temor a consecuencias legales. Se llamó a la Policía: la respuesta fue que no pueden actuar sin orden judicial. Se notificó al municipio: ninguna autoridad se presentó. Mientras tanto, los animales siguen ahí, sufriendo.
Lo que agrava aún más el cuadro es que Casa Grande cuenta con una resolución vigente, la 0015/2019, que sanciona el maltrato animal, el abandono, la falta de alimento, agua, sombra y atención médica. La norma existe. Lo que no existe es la voluntad de hacerla cumplir.
“¿Qué esperan? ¿Que se mueran para reaccionar?”, preguntan con impotencia los vecinos.
La situación se viralizó en redes y en el grupo Patitas en alerta Punilla y ahora llegó a los medios, porque el silencio y la inacción se volvieron insostenibles. El caso no solo expone el sufrimiento animal, sino también la ineficiencia, la negligencia y la desidia institucional de quienes deberían actuar.
Los vecinos exigen públicamente a las autoridades municipales y policiales de Casa Grande que intervengan de forma inmediata. La crueldad animal no se resuelve con excusas legales ni con brazos cruzados. Se resuelve con presencia, con compromiso y con humanidad.
