La Reserva Natural Vaquerías, ubicada en Valle Hermoso y administrada por la Universidad Nacional de Córdoba, anunció que a partir del 2 de enero de 2026 comenzará a cobrar una tarifa fija de ingreso, una medida que ya despertó preocupación y debate entre vecinos, caminantes, deportistas y organizaciones ambientales del Valle de Punilla. Según la información difundida oficialmente, la entrada general tendrá un costo de 5.000 pesos, mientras que los menores de 6 a 12 años abonarán 2.000 pesos, los jubilados también 2.000 y los menores de 5 años ingresarán sin costo. Para contingentes de más de 15 personas, el valor general será de 4.000 pesos, con tarifas reducidas para menores y jubilados. Los residentes de Cosquín, Casa Grande, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Giardino podrán ingresar gratis presentando DNI.
El anuncio se da en un contexto de creciente malestar social tras la polémica generada por el proyecto privado en el Cerro La Banderita, en La Falda, donde también se planteó el cobro de un acceso a un espacio históricamente utilizado por vecinos, runners y grupos de trekking. La coincidencia temporal de ambas situaciones encendió alarmas en la comunidad, que comienza a preguntarse si se está avanzando hacia un modelo en el que cerros, reservas y espacios naturales pasen progresivamente a tener barreras económicas de acceso.
Si bien desde la Reserva Vaquerías se presentó la medida como una decisión administrativa, muchos vecinos se preguntan qué rol están jugando los municipios y los intendentes del corredor de Punilla frente a este tipo de definiciones. ¿Existe un acuerdo tácito entre las gestiones locales para permitir el cobro en zonas naturales? ¿Hay coordinación entre municipios o cada caso se maneja de manera aislada? ¿Qué se gana y qué se pierde cuando se empieza a poner precio al acceso a la naturaleza?
La preocupación no se limita al costo en sí, sino al precedente que puede sentar. Punilla es una región atravesada por cerros, reservas, ríos y senderos que históricamente fueron de acceso libre o comunitario, y donde el cuidado ambiental muchas veces dependió del compromiso de los propios vecinos. Para muchos, la pregunta de fondo es si estas decisiones apuntan a mejorar la conservación y el mantenimiento, o si abren la puerta a una lógica de privatización gradual de espacios naturales.
En redes sociales ya comenzaron a circular opiniones encontradas, con vecinos que piden mayor información, transparencia y debate público, y otros que reclaman que los gobiernos locales expliquen claramente su postura frente a estas medidas. La situación de Vaquerías, sumada al conflicto por el Cerro La Banderita, pone sobre la mesa una discusión que atraviesa a todo el Valle de Punilla: quién decide sobre el uso de los espacios naturales, bajo qué criterios y con qué participación de la comunidad.
El tema está abierto y lejos de cerrarse. La invitación es a informarse, opinar y debatir, porque lo que hoy ocurre en una reserva o en un cerro puede marcar el rumbo de cómo se accede y se cuida el ambiente en toda la región.
