Mario Peral, propietario del sello del partido Unión Popular Federal en Córdoba, generó gran controversia al recibir cerca de $90 millones del Estado nacional para la impresión de boletas electorales en las elecciones de 2023, a pesar de que su partido apenas logró alrededor del 1% de los votos.
El origen de estos fondos se basa en la ley electoral que asigna recursos para imprimir una boleta por votante habilitado, por lo que Peral presentó cinco listas en distintas categorías para multiplicar el financiamiento recibido. Esto le permitió reclamar inicialmente $9 millones por lista y luego, a través de reclamos basados en fallos de la Corte Suprema, aumentar la cifra a $90 millones, esperando que la Justicia Electoral de Córdoba autorice la entrega completa del monto.
Este esquema ha sido calificado como un «negocio» político, ya que Peral admite que su estrategia es abrir el espacio para diversas listas con ideologías incluso diametralmente opuestas, y aprovechar la ley para financiarse, aunque su partido no reciba fondos para campaña ni publicidad convencional. Según él, el Estado solo le da dinero para imprimir boletas, no para campañas, y asegura que si la deuda con la imprenta es impagable, el Estado debería hacerse cargo.
Sin embargo, la Justicia Federal y la jueza María Servini expresaron sus dudas sobre la existencia real de competencia interna en esas listas y la falta de respaldo electoral, lo que llevó a ordenar una auditoría para verificar si realmente se imprimieron las cantidades declaradas.
Además, la polémica se extiende a la falta de transparencia en el manejo de esos fondos, dado que las boletas impresas son muchos más que los votos obtenidos y hay sospechas sobre el destino del dinero. Peral ha justificado su accionar diciendo que «lo que la ley no prohíbe, lo permite» y que la sobreoferta de candidaturas fue su única forma para poder hacer campaña y publicitar en época electoral, luego de no recibir otros recursos estatales para tal fin.
Este caso ejemplifica cómo la actual normativa electoral argentina financiera la impresión masiva de boletas partidarias, lo que para muchos se ha convertido en una caja negra de financiamiento político poco controlada.
