Las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei han sido calificadas como las más devastadoras de los últimos años, con efectos profundos en la actividad económica, el empleo y el poder adquisitivo de la población. Ajustes fiscales severos, desregulación y un cambio político insostenible aumentan la incertidumbre y el malestar social.
Desde su asunción, Javier Milei impulsó medidas económicas radicales para “arreglar la economía de raíz”, basadas en el orden fiscal, monetario y cambiario. Sin embargo, el costo social y productivo de estas políticas ha sido alto, con un fuerte ajuste fiscal que incluyó prohibir el uso de fondos del Banco Central para gastos del Tesoro y recortes significativos en el gasto público, afectando sectores clave como la industria, salud y desarrollo productivo.
La liberalización cambiaria, con un sistema de bandas flotantes impositivas en abril, ha generado una defensa insostenible del peso argentino que requirió la venta de más de 1.000 millones de dólares del Banco Central en solo tres días para contener la presión cambiaria. Los economistas advierten que esta estrategia, lejos de ser sostenible, impacta negativamente en la actividad económica al extraer pesos de circulación de manera agresiva.
El aumento de tarifas de servicios públicos (luz, gas, transporte) y la eliminación de subsidios han provocado una inflación sectorial elevada, con la inflación mensual de servicios llegando al 4,4%. Esta alza, unida a la caída real de salarios y la pérdida de poder adquisitivo, genera un aumento del costo de vida sin contrapartidas para los sectores más vulnerables.
A su vez, la apertura comercial unilateral y la reducción de aranceles han afectado la producción nacional, agravando la crisis en sectores industriales. La derogación de leyes de promoción industrial y la reducción dramática de presupuestos para organismos claves demuestran una política orientada al achicamiento del Estado que deja muchas actividades en situación crítica.
La polémica reforma laboral, que contempla eliminar indemnizaciones y reemplazarlas por seguros de desempleo precarios, junto con la reducción del gasto en jubilaciones y pensiones mediante un sistema privado de capitalización, han generado un fuerte rechazo social y sindical, al verso como un armado que precariza derechos.
Estas se hacen evidentes en la caída de la economía real, con pérdida de empleos, retracción del consumo y aumento de la pobreza, a pesar de ciertos indicadores macroeconómicos que muestran mejoras superficiales. El gobierno enfrenta así un panorama complejo con rechazo creciente y dudas sobre la viabilidad de su modelo económico en el mediano plazo.
En definitiva, la gestión económica de Javier Milei, que prometió un “milagro económico”, enfrenta fuertes cuestionamientos no solo por su impacto social negativo sino también por su falta de sostenibilidad financiera y política, lo que aumenta las tensiones de cara a las elecciones legislativas y la futura gobernabilidad del país.
