Un grave hecho de inseguridad se registró ayer en el sector de El Peñón Oeste, en la localidad de Casa Grande, donde una mujer mayor fue víctima de un violento intento de robo dentro de un complejo de cabañas.
Según relataron vecinos, el episodio comenzó cuando una mujer se presentó en el lugar con la excusa de realizar consultas sobre las cabañas. En ese contexto, habría ingresado al predio y atacado a la propietaria, una señora de edad avanzada, golpeándola brutalmente en la cabeza con una maza, además de propinarle golpes de puño y patadas.
La agresora no se encontraba sola: un cómplice la acompañaba y, tras el ataque, se dio a la fuga en una motocicleta. En medio de la situación, la víctima logró pedir ayuda, lo que permitió que vecinos de la zona acudieran rápidamente y lograran reducir y retener a la mujer hasta la llegada de las autoridades.
Al momento de su aprehensión, se habría encontrado en su mochila el elemento utilizado en la agresión, una maza con manchas de sangre. Sin embargo, y pese a la gravedad del hecho, la mujer recuperó la libertad casi de inmediato, bajo el argumento de que padecería esquizofrenia.
Este desenlace generó un fuerte malestar entre los vecinos, quienes manifestaron su preocupación por la falta de respuestas y la aparente ausencia de medidas concretas por parte de las autoridades competentes. Asimismo, indicaron que la agresora ya contaría con antecedentes de episodios violentos en la zona, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad en la comunidad.
Desde una perspectiva legal, especialistas señalan que, aun en casos donde una persona pueda presentar un trastorno de salud mental, el sistema judicial cuenta con herramientas para intervenir. Entre ellas, la posibilidad de disponer una evaluación interdisciplinaria urgente, ordenar una internación involuntaria en caso de riesgo cierto para sí o terceros —conforme a la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657— o dictar medidas de restricción y seguimiento. Asimismo, el hecho podría encuadrarse en delitos graves como tentativa de homicidio o robo agravado, lo que habilita la actuación de la justicia penal con medidas cautelares. A pesar de todo esto, la fiscalía decidió no proceder y solicitó a los vecinos, al igual que la policía, que no se difundieran datos ni imágenes de la agresora.
Mientras tanto, la comunidad de El Peñón Oeste permanece en estado de alerta, reclamando mayor presencia institucional y acciones concretas que garanticen la seguridad de los vecinos y eviten que hechos de esta gravedad vuelvan a repetirse.
